El 3 de julio de 2005, en pleno gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, España se convirtió en el tercer país del mundo en legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo. Algo que hoy en día nos parece completamente natural y asumido, en la realidad supuso una lucha de años y años del colectivo LGTB+ para conseguir igualar nuestros derechos a los de las parejas heterosexuales.
Una alianza perfecta entre activismo y política fue el revulsivo definitivo para la aprobación de una ley pionera en el mundo: una normativa que no solo reconocía la capacidad de emparejarse de forma legal y obtener beneficios jurídicos a las parejas homosexuales, sino que equiparaba, para todas las situaciones y efectos, el matrimonio entre personas del mismo sexo con las uniones entre heterosexuales.
El proyecto de ley, asumido desde el inicio por el futuro presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, fue la consecuencia del trabajo incansable de relevantes figuras del activismo LGTB+: Pedro Zerolo (concejal del Ayuntamiento de Madrid por aquel entonces), por supuesto, pero también Boti García (presidenta de COGAM y actual directora general de Diversidad Sexual y Derechos LGTBI), Beatriz Gimeno (presidenta de la FELGTB en ese momento y actual directora del Instituto de la Mujer). Todas ellas, junto a muchos otros activistas, contribuyeron a que España se convirtiera en uno de los países con legislación más avanzada en materia de derechos LGTB+.
«Cuánta gente, qué pena, manifestándose contra la idea de que tengamos nuestros derechos»
Pedro Zerolo
Esta frase, pronunciada por Pedro Zerolo al ser consciente de la animadversión y las manifestaciones convocadas en contra del matrimonio homosexual en España, resume muy bien algunos de los obstáculos con los que tuvo que enfrentarse la normativa: el voto negativo de Partido Popular (PP) y Unió Democràtica de Catalunya (UDC), la condena de la Iglesia Católica y asociaciones afines, y lo que resultó más flagrante y doloroso para el colectivo: la interposición de un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional por parte del PP. Recurso que, huelga decir, fue desestimado años después por una amplia mayoría.
Es importante para el colectivo LGTB+ recordar quién apoyó desde el principio nuestros derechos y quién luchó para impedir que saliéramos de una situación injusta. Aunque tendemos a creer que los derechos conseguidos no pueden ser arrebatados, y que los retrocesos sociales no son posibles, la historia ha demostrado que no siempre es así: entre la frase «el matrimonio entre homosexuales es tratar de la misma manera lo que es diferente. Si se suman una manzana y una pera, nunca pueden dar dos manzanas», pronunciada por Ana Botella (PP) en 2004, y «el matrimonio gay es una unión civil como la que podrían tener dos hermanas viudas», pronunciada por Santiago Abascal (VOX) en 2019, ha pasado la friolera de 15 años, tantos como tiene el propio matrimonio homosexual.
¿Qué ha ocurrido desde entonces?
La legalización del matrimonio homosexual se ha traducido en la celebración de casi 50.000 bodas entre personas del mismo sexo desde 2005, de las cuales más de 6.000 corresponden a Andalucía (en torno al 15%).
Lo que en su momento fue calificado como una revolución, un importantísimo avance social y un hito en la historia del colectivo LGTB+, hoy en día es un hecho que forma parte de la más absoluta cotidianeidad en nuestro país: según datos del último Eurobarómetro efectuado por la Comisión Europea sobre la aceptación social de las personas LGTB+ (2019), el 86 % de los ciudadanos españoles se muestra favorable al matrimonio igualitario, siendo el nuestro uno de los niveles de aceptación más altos de toda la Unión Europea.
Con la ley del matrimonio homosexual nuestro país avanzó enormemente en materia de respeto, tolerancia y justicia hacia los oprimidos. Tal y como afirmó Rodríguez Zapatero tras la aprobación de la reforma, España se convirtió en «un país más decente porque una sociedad decente es la que no humilla a sus miembros».
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